Aura Celeste Fernández: jurisconsulta probada del sistema judicial

Aura Celeste Fernández es una genuina opción para presidir o constituir la Junta Central Electoral (JCE). Igualmente el Tribunal Superior Electoral (TSE), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional (TC) de la República. Conoce a fondo cada una de estas funciones pues en su dominio, sensatez y visión residió el conjunto de reformas judiciales más importantes de los últimos 50 años. Conceptualizó, ideó y generó los preceptos jurídicos más vanguardistas y humanistas del sistema judicial.

Pensó, imaginó y formuló el actual sistema judicial, fruto de colectivas investigaciones, amplios estudios y una exhaustiva consulta local e internacional realizada por el Comisionado de Reforma Judicial. Sin embargo, contradicciones políticas del poder de turno y las gestiones extrajudiciales para controlar la justicia, le impidieron convertirse en responsable de su implantación y ejecución independiente.

El sistema no tuvo la capacidad de retenerla y por ende ella no pudo ser garante de su transparencia y necesaria idoneidad. Nunca es tarde para que el sector justicia enmiende, corrija y subsane los errores del pasado, censure entuertos, resuelva debilidades y erradique cualquier amenaza para lograr su consolidación institucional y su robusta independencia como poder del Estado. El talento ético, intelectual y judicial de Aura Celeste es un activo institucional decisivo en esta coyuntura de cambio.

Todos sabemos que está dotada de integridad, dignidad y los atributos naturales de un juez. Una ciudadana con la visión de resolver controversias, decidir el destino de los imputados, tomando en cuenta evidencias o pruebas presentadas en un juicio apegado a la legalidad, de tipo público, abierto y contradictorio. Su probidad le viene de familia,  pues su abuelo, Juan Antonio Fernández Castillo, fundó un bufete de abogados hace más de 60 años, y su padre, Abel Fernández Simó, fue también un prestante abogado.

La recuerdo como estudiante de alta inteligencia y de mucho garbo en el campus de la PUCMM donde egresó en Derecho con el honor académico Magna Cum Laude. Hizo maestría en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Universidad Complutense. Fue doctorante en derecho internacional público y se especializó en Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos en esta universidad europea.

Fue integrante de la comisión de juristas expertos designada por el Poder Ejecutivo para elaborar el anteproyecto que sirvió de base para el nuevo texto de la Carta Magna. Igualmente, en sus funciones de coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización presidió el equipo que elaboró los anteproyectos de reforma de los códigos Civil, Penal, Comercial, de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal. Además, fue integrante de la Comisión Redactora del Estatuto del Ministerio Público; integrante y secretaria general de la comisión para la definición, ejecución y supervisión de la política penitenciaria nacional, y creó la comisión nacional de prevención contra la violencia intrafamiliar.

Por su calidad científica y firmes valores éticos desde 2004, se desempeña como presidenta honorífica del Consejo Nacional de Bioética (Conabios). Es asesora de empresas e instituciones bancarias, nacionales y extranjeras. Consultora de casos especiales del Ministerio de la Mujer, asesora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y consultora del diseño de la modernización de la jurisdicción de tierras.

Fue directora de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Iberoamericana, directora de la Escuela Nacional del Ministerio Público y fundadora de la Escuela Nacional de Formación Electoral y Estado Civil. Pasado miembro de la Junta de Directores de la Universidad APEC y de la Comisión de Juristas del Episcopado Dominicano.

También ha sido docente desde el año 1983 en la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís y en la PUCMM en sus Recintos Santo Domingo y Santiago. Además de UNPHU; UNIBE y UASD. Asimismo ha impartido las asignaturas Derecho Internacional Público; Historia de las Relaciones Internacionales; técnicas de investigación documental; derecho electoral; seminario Jurídico y de Investigación jurídica.

Es integrante del Colegio Dominicano de Abogados; del Colegio de Notarios; de Asociación Nacional de Abogadas, Ce-Mujer, Mujeres en Desarrollo, Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y Profesionales; y del Movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. Además fue integrante del Consejo Directivo de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Miembro del Consejo de Directores APEC, de la Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional (CIAC); y formó parte del Comité Legal de la Cámara Americana.

Ha publicado diversas obras de impacto como los ensayos sobre el Estado de Derecho; Sistema Judicial Dominicano; Reforma Legal y Sistema de Justicia y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Sistema Carcelario Dominicano, entre otros. Es autora de Controversias en el Derecho Internacional Público. Análisis del Diferendo Nicaragua-USA; Constitución de República Dominicana, conceptuada e indizada y la Constitución de 1963, 40 años Después: vigencia y perspectivas. Publicó en las revistas Eme-Eme de PUCMM y Urbania del Plan Estratégico de Santiago.

En Urbania conceptualizó sobre la ética política como reto en una sociedad democrática como la dominicana. Sus nociones vinculan la ética y moral con la práctica política y el ejercicio científico. Asume la ética como el saber hacer, el hacer saber y el saber estar en la política y la ciencia. Se cuestiona si es ético que la ciudadanía asuma una posición de indiferencia respecto de los problemas de la sociedad, solo concentrándose en el bienestar propio. Reflexiona “que en una sociedad democrática por definición no es moralmente correcto, la autoexclusión o individualismo, toda vez que la democracia por definición es un régimen donde la ciudadanía es el poder soberano de las decisiones a favor del desarrollo humano.

Aura Celeste Fernández tiene mucho que aportar para la República Dominicana que necesitamos construir entre todas y todos en esta tercera década del siglo XXI.  

Reynaldo Peguero Gómez

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