CDES reconoce transparencia de transición de gobierno

Compactación del Estado mejorará eficiencia y permitirá recursos para el desarrollo local  

El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) reconoce la transparencia y eficiencia de la actual transición de gobierno. Así como el anuncio de medidas de compactación y reducción del Estado y designación de nuevos funcionarios. Acciones que generan seguridad y confianza en que se coloque como prioridad, el mejor sentido de Nación para enfrentar la pandemia Covid-19 y la reactivación económica.

El CDES subraya que desde la apertura democrática del año 1978 acontecieron 10 períodos de gobierno que tuvieron seis (6) transiciones entre partidos o tendencias, que han sido muy críticas. La actual transición de gobierno impone mayor cohesión. Acontece en el contexto de la pandemia COVID-19, y se espera una transición en orden, en la que las autoridades nacionales electas e instaladas para el período 2020-2024, continúen trabajando con los cambios implantados de forma organizada para que se permita que la economía se normalice y se contenga la pandemia.

Sobre la compactación y reducción del tamaño del Estado, el CDES en sus diversos diagnósticos de gobernabilidad, reconoce que el Estado es supernumerario. “Tenemos un Macro-Estado compuesto de al menos 4,764 organismos y estructuras de gobierno”. Con 25 ministerios que compiten con organismos adscritos al Poder Ejecutivo que llegan a 26 entidades a los que se suman alrededor de 30 asesores presidenciales y 390 organismos autónomos, entre otros, estructuras acumuladas en los pasados 40 años.  

El CDES califica como correcto y oportuno que entre las políticas anunciadas por la nuevas autoridades se vaya a compactar el Estado dominicano, fusionando estructuras y eliminando otras. El Estado dominicano debe ser más pequeño para que actúe con una mayor rectoría que promueva que el sector privado genere empresas y empleos. El Estado es una composición institucional donde el más alto funcionario público, debiera tener el mismo peso social que el más simple dirigente de una organización social. Mientras el primero maneja fondos públicos que se expresan en servicios, el segundo contribuye con sus impuestos directos e indirectos en la articulación de un verdadero contrato social. El funcionario público tiene la misión de generar servicios y atenciones de calidad a la comunidad que lo ha elegido.

En República Dominicana, el Ministerio de Administración Pública (MAP) es el encargado de asegurar políticas públicas para un Estado moderno, eficiente y con servicios de calidad. El MAP ha aportado un cuerpo de leyes y políticas públicas que pueden permitir la definitiva eficientización y modernización de los servicios públicos.  Los órganos de gobierno más vinculados a los contribuyentes y a la gente que los elige, son los ayuntamientos, los que debieran ser los mayores beneficiados de la compactación estatal.

En consecuencia, preparar esta transición y dimensionar su importancia, es un desafío y una oportunidad. La responsabilidad de lograr una transición de gobierno exitosa involucra al gobierno saliente y entrante. Ambos deben asegurar los medios operativos, políticos y simbólicos para transitar el camino de la transición con la calidad diplomática que la continuidad del Estado merece.

Cuando las autoridades entrantes y salientes coordinan una transmisión del mando armónica se asegura que las buenas prácticas se mantengan y las propuestas de cambios se instalen con mayor eficiencia. Es importante que la actividad administrativa, la prestación de los servicios, así como los programas de inversión y demás compromisos administrativos, financieros y sociales establecidos se aseguren y cuenten con la continuidad necesaria en su aplicación. El CDES llamó a todas las entidades sociales, organizaciones sin fines de lucro, organismos de atención a mujer, niños, niñas y adolescentes, a las universidades, las federaciones de juntas de vecinos, las asociaciones comunitarias y empresariales a mantenerse atentos y vigilantes del proceso de transición para que se aseguren los servicios públicos, control de la pandemia y protección del empleo y