Consejo Estratégico de Santiago propone Senador y 18 Diputados electos pacten Agenda Legislativa

El estudio de gobernabilidad del Plan Estratégico Santiago 2030 elaborado por las 74 organizaciones sociales, empresariales, comunitarias y públicas que conforman el Consejo Estratégico (CDES), identifica 71 grandes debilidades y 46 amenazas que afectan el desarrollo provincial. Más de 300 técnicos y representantes emplearon 16 mil horas de labores y 24 millones de pesos de trabajo voluntario para ponerse de acuerdo en el plan estratégico común.

El Consejo Estratégico de Desarrollo exhorta que en el próximo cuatrienio legislativo 2020-2024, se aprueben leyes y resoluciones con visión, pactadas en una verdadera agenda legislativa concertada entre el senador, los 18 diputados y las fuerzas vivas de la provincia. Santiago requiere que el proyecto de ley de ordenamiento territorial en proceso de aprobación, impida la creación nuevas divisiones territoriales, frene la creación de nuevos distritos y municipios; y proteja las cuencas hidrográficas en los 10 municipios desde San José de las Matas a Navarrete.

También están pendiente la ley de agua, la actualización del Código Laboral, la creación de las regiones de desarrollo, la sostenibilidad de la ley fronteriza 28-01, la nueva ley municipal para modernizar la 176-07, la sincerización de la ley 166-03 que impone el 10% de transferencia del presupuesto a los municipios que nunca se ha cumplido. Igualmente, la actualización de la ley 24-97 de prevención de la violencia de género y la consideración de las causales relacionadas con el embarazo de alto riesgo para la vida de la madre.  

Estos desafíos, aunados a los efectos causados por la pandemia, se pusieron en evidencia en las pasadas elecciones, donde apenas un 47% de los 838,556 electores registrados en el padrón electoral, eligieron los 18 diputados distribuidos en 3 circunscripciones electorales extendidas por 2,806.3Km2, mientras que el 46% votaron por los candidatos al senado.

Esa relación entre elector y elegido es una de los puntos críticos analizados en el diagnóstico de gobernabilidad donde más del 70% de los electores no conoce a los diputados y más del 81% tiene desconfianza en los partidos, lo que se relaciona con la reducción de las personas que ejercen derecho al voto. En tres pasadas elecciones, Santiago tiene menos electores que votan.

La comisión de gobernabilidad del CDES, formada por más de 80 organizaciones, explica que este fenómeno radica en la carencia de un pensamiento partidario organizado, lo que genera una percepción generalizada de que la política es una “vía para hacer negocios”, lo cual desincentiva la participación electoral. Es decir, los partidos han abandonado la formación de sus militantes y candidatos para privilegiar una visión clientelista de sus seguidores.

A lo anterior se suma la exigencia nula de la ley electoral 275-97 y la ley de partidos 33-18, para que los candidatos a diputados y senadores den a conocer sus programas. No en vano, el índice de desconfianza en ellos asciende al 82%. Se evidencia además que el mayor nivel de percepción de corrupción de los funcionarios públicos, lo acumulan los legisladores.

Muchas de estas debilidades se solucionarían si se supera la gestión legislativa centralista de Santiago en el congreso que aprobó para Santo Domingo, más de US$347 millones en los últimos 6 años, sin considerar que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene una oferta para Santiago de 68 millones de dólares para rescatar del río Yaque, remozar el hospedaje, construir el sistema pluvial, dos diques, renovar la fortaleza San Luís y mejorar el hábitat de pobreza de los barrios próximos al río, Suelo Duro y Cambronal, entre otras acciones de impacto.

La nueva gestión legislativa debe superar la existencia de élites partidarias, donde el bien común es desplazado por intereses individuales, generando desigualdad social y afectando negativamente el correcto desempeño de la democracia. Para el CDES se impone definir una agenda legislativa de consenso, establecer prioridades, mejorar capacidades legislativas de los congresistas, tener acceso a sus “desconocidas oficinas” y monitorear su ejercicio.