Crecimiento Urbano es un reto para RD

Por Windler Soto – Listín Diario

El país sufre cambios en su distribución poblacional, una realidad que se refleja claramente en los siete censos realizados en el siglo pasado. Los dominicanos residentes en zonas rurales representaban el 83.3% en 1920, mientras que en 1993 la cifra se redujo al 43.9%.

El censo de 2002 (últimos datos publicados) reveló que la población rural volvió a descender, esta vez hasta el 36.42% Estos descensos en las zonas rurales implican un aumento de la densidad de los asentamientos citadinos, es decir, mayor número de personas que demandan de los servicios y estructuras en ciudades. El último conteo registró una población urbana de 63.58%, aunque se cree que el porcentaje es más elevado si se toma en cuenta que este registro corresponde al 2002.

Entre las ciudades que más rápido crecimiento han experimentado desde el siglo pasado, se encuentran Santiago de los Caballeros, La Romana, Baní y Puerto Plata. Sin embargo, en los últimos años ha habido una ralentización de ese crecimiento, según el arquitecto Edwin Cott.

Estos cambios en la distribución de las personas han traído evidentes problemas, pues las autoridades no tienen la capacidad para responder al fenómeno, asegura la encargada del Departamento de Urbanismo del Distrito Nacional, Esther Morillo.

La realidad económica del país se refleja en la emigración de los campesinos, muchos de los cuales afirman que tienen que abandonar sus lugares de nacimiento debido a condiciones adversas en el campo. Hay quienes se quejan de los pocos incentivos que reciben para dedicarse a actividades agrícolas, así como dificultades para acceder a financiamiento.

A esto se agrega la competencia que suponen los tratados intencionales de comercio de los que el país es signatario, empujando a muchos campesinos a los suelos asfaltados de las ciudades en busca de un espacio en los parques industriales. Ante esta situación, lo ideal es que las ciudades cuenten con mayores niveles de planificación, considera Moriillo. Ella explica que en el país los servicios y las obras de infraestructura que sostienen la vida urbana se crean a medida que aumenta la cantidad de personas que así lo demandan, lo cual provoca serias debilidades en la infraestructura citadina.

Morillo aconseja que lo ideal sería predecir los cambios de la distribución poblacional, con el fin de responder estratégicamente a las necesidades de cada asentamiento.

La realidad es que el uso de suelo suele ser irregular en gran parte de las ciudades del país, debido a que muchos no quieren cumplir con las normas de los cabildos municipales, añade Edwin Cott. Esta aversión a cumplir los requisitos legales provoca el establecimiento de muchas personas en lugares inapropiados para vivir, en zonas privadas y la evasión de las disposiciones es- tablecidas para levantar una edificación. Esto se debe, en ocasiones, a las limitaciones económicas de la mayoría.

La consecuencia del incumplimiento de las regulaciones legales es el hacinamiento que de inmediato se observa en Santo Domingo y las ciudades más grandes.

Por otro lado, se tiende a ignorar las regulaciones que establecen el ancho de las calles, aceras y la efectividad de servicios tan básicos como el agua y la recogida de basura.

Estadísticas
El último censo nacional reveló que el 56.1% de los residentes en Santo Domingo, la provincia más grande del país y con mayor índice de urbanidad, había nacido en esta provincia. El 65% de los residentes de este lugar sostiene un estilo de vida urbano.

En ese mismo estudio, se descubrió que el 86.6% de los residentes en Santiago habitaba en su mismo lugar de nacimiento. El 66% se encuentra en lugares urbanos.

En el caso del Distrito Nacional, el 58.9% de sus habitantes emigró desde otros lugares del país, a excepción del 1.9%, quienes llegaron desde el extranjero.

El último censo nacional reveló, además, que el 5% de los residentes en Santiago habitaba en otros lugares cinco años antes del conteo.

La cifra podría ser mayor si se considera que el 7% de las personas no declaró si había emigrado desde otras provincias.

Legislación
La ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios establece que cada alcaldía debe contar con una oficina destina al planeamiento urbano.

Según la ley, el objetivo principal de estas oficinas es asistir técnicamente al cabildo a las comunidades en el diseño, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo del municipio y además regular y gestionar el planeamiento urbanístico, uso de suelo y edificación y rurales del territorio municipal.