Ordenamiento territorial, una normativa vital

Por Reynaldo Peguero

Santiago tiene seis (6) años que abrió las oficinas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el Ayuntamiento, y luego de una labor excesivamente dilatada de recopilación diagnóstica, coinciden hoy varias coordenadas que pueden permitir la definitiva puesta en operación de esta política pública municipal. El Ordenamiento Territorial alinea en una sola dirección, el territorio municipal como un todo, los predios municipales, su propiedad, su uso, valor de uso y los mandatos reguladores que aseguren la equidad socio-territorial. Cuando una ciudad tiene una normativa territorial se posiciona mejor para facilitar la competitividad, la creación de negocios y la protección ambiental.

El Ordenamiento Territorial (OT) en los países latinoamericanos, tiene una historia reciente que se remonta a los inicios de la década de los ochenta; en Europa entra en auge desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde Europa hasta América Latina el Ordenamiento Territorial, se valora desde diversas vertientes. Para muchos extraviados se aprecia como un plan de obras, líneas y trazados urbanos que impone el ordenamiento; otros desacertados lo ven apenas como disciplina abierta al debate y a los métodos encontrados; muchos otros lo consideran como una técnica burocrática de gabinete; algunos lo reducen a un estudio interdisciplinario del suelo; otros lo ven como un método o una búsqueda del orden, muy pocos lo entienden como lo que realmente es: una Política Pública Municipal esencial para la equidad socio-territorial y el desarrollo humano.

En el año 2003 cuando iniciamos este proceso en Santiago, con el apoyo de la Unión Europea (UE) y el consultor madrileño Luís Suárez Carreño-Lueje, lo primero que se acordó con el Ayuntamiento y todos los sectores preocupados por el caos urbano imperante, fue que necesitábamos definir un Modelo de Ordenamiento Territorial, y si teníamos claro el modelo, entonces podíamos efectuar un diagnóstico territorial y de inmediato pasar a establecer una verdadera política o normativa territorial.  Se destaca que luego de explorar 42 años de evolución de las aprobaciones realizadas por el Honorable Concejo Municipal de Regidores en materia de uso de suelo, se puede afirmar que de 274 Resoluciones Municipales votadas, unas 167 (61.0%) son relativas al Ordenamiento. Las mismas se refieren a temas inconexos, y no pueden ser agrupadas en una normativa integral.

Es nuestra experiencia que Santiago es el municipio de la República más estudiado. Creo que en Centroamérica y el Caribe pocas ciudades y municipios han sido tan examinados en materia urbana y de ordenamiento como Santiago. Provengo del área de la investigación y análisis de indicadores, no recuerdo en Centroamérica, Europa y Asia, en qué ciudad de estos continentes, un problema socio-territorial se haya estudiado más que la debilidad del ordenamiento de Santiago y del caos urbano que impera cuando los agentes del mercado inmobiliario utilizan la discreción para la construcción de sus obras urbanas o peor aun no tienen reglas claras para invertir.

Luego del exitoso y recién concluido seminario de impulso final para que Santiago se dote de una normativa territorial definitiva, organizado por el Ayuntamiento con el apoyo del Consejo Estratégico (CDES) y el auspicio de la AECID y DEMUCA, el actual gobierno local se dirige con énfasis a concluir el Plan Ordenamiento. Ya se ha estudiado suficiente y ha llegado la hora de pasar a las Normas, las Ordenanzas, la Resoluciones y el Reglamento, formulados por concertación, participación social y elevada vocación legislativa del Concejo Municipal de Regidores.

La acreditada capacidad ejecutiva municipal puesta a prueba en la solución vial de La Fuente y en la eficiencia para la intervención en “Vuelta Larga”, se habrá de manifestar de nuevo, dotando a Santiago y la nación por primera vez en su historia, de un gobierno local, Alcalde, Regidores y Funcionarios, que tienen claro y normado: el cómo construir con seguridad; hacia dónde edificar estratégicamente, qué tipo de trama viaria debe crearse, visualizarse y preservarse; cómo asegurar que las obras se erijan con la consideración de los servicios de habitabilidad necesarios y la red de zonas protegidas, entre otros ejes normativos. Luego de aprobada la Normativa Territorial, lo más importante será tener una Red de Inspectores Territoriales Profesionales bien remunerados y de baja proclividad para el soborno, el cohecho y la estafa, dirigidos por funcionarios de elevada calidad técnica y ética, y vigilados por un Observatorio Ciudadano objetivo. En eso estamos todas y todos.