Alianza con los Ayuntamientos: Lo que nunca se hizo

La Ley lo impone con firmeza, el Gobierno Nacional y los Ayuntamientos tienen competencias propias y compartidas. Sin embargo “lo que nunca se hizo” sería generar una alianza estratégica entre ellos para ejecutarlas mejor. Si así se hace lograremos satisfacción y confianza ciudadana. En el papel, la Constitución y las leyes imponen un Estado de Derecho y una institucionalidad, pero en los hechos distamos mucho de cumplir lo que la legislación ha convertido en un mandato obligatorio nacional. Los ejemplos sobran.

El pacto estratégico que proponemos entre el Gobierno Nacional, gestionado por el Presidente Danilo Medina y los Ayuntamientos, está previsto en el Sistema Nacional de Planificación, Ley 498-06 y la Estrategia Nacional 2030, Ley 1-12. Un acuerdo sostenible para que los proyectos de mutua conveniencia de cada municipio y la nación, puedan contar de los recursos concurrentes para su operación en los presupuestos anuales. Cuanto y qué gestión de cooperación aporta el gobierno, y en qué contribuye el Ayuntamiento y en dónde se compromete la sociedad civil y el empresariado, son materias a decidir.

Una gobernabilidad perdurable determina que en vez de iniciar esta alianza estratégica con los 155 municipios del país, muchos de ellos creados al vapor y para favorecer el clientelismo político local, es recomendable que este pacto estratégico incorpore aquellos municipios y provincias que tienen gran población y territorio. Sobretodo los que evidencien una visión y proyectos concretos de futuro.

Santiago es el territorio modelo para esta alianza. Tiene un Plan Estratégico a 10 años que el Presidente electo y su equipo técnico, encabezado por el economista y coordinador de la Comisión de Transición,  Gustavo Montalvo, conoce en detalle. Además dado que al año 2020 hay dos períodos presidenciales, el Plan Estratégico fue compactado para la etapa de gobierno 2012-2016. Santiago ha trabajado para esto, se merece y se ha ganado este sitial. Tiene un Consejo de Desarrollo Estratégico (CDES) reconocido por la Ley. Un Ayuntamiento cabecera y otros gobierno locales de la provincia con interés de asumir ese pacto, una sociedad civil involucrada y un empresariado en la disposición de co-invertir.

El artículo 196, párrafo 1 de la Constitución dominicana impone, al instruir de forma inexcusable que “sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquéllas a la economía nacional”. Y si de solidaridad se trata debe entenderse que Santiago acumula más pobres que todos los pobres de casi siete provincias dominicanas, pero tenemos el más bajo acceso a las Tarjetas Solidaridad y al Seguro Nacional de Salud (SENASA). Acumulando una de las coberturas mas bajas en Seguro de Salud Familiar Contributivo. Esto resulta inaceptable para un territorio que retribuye en impuestos casi el 20% del presupuesto nacional.

Lo que nunca se hizo con los Ayuntamientos es pactar competencias en Ordenamiento Territorial para garantizar una gestión de riesgo a fenómenos naturales y antrópicos, que dañan la salud, quitan vida, deterioran la economía e impactan adversamente la agropecuaria. Los Ayuntamientos debieran detener el crecimiento urbano caótico e informal, que auspicien fondos para viviendas sociales y sobre todo planifiquen servicios de agua potable, residual, pluvial, energía eléctrica, iluminación y asfaltado. Santiago lo merece pues está culminando su Plan de Ordenamiento Territorial.

Lo que nunca se hizo con los Ayuntamientos es aliarse con ellos para privilegiar fondos públicos y asegurar una gestión integral de la basura. Para construir y gestionar Rellenos Sanitarios mancomunados  por más de tres o cuatro municipios, con un sistema de higienización y limpieza que tenga rentabilidad pública y que genere opciones atractivas de inversión para el sector privado. Es proteger el ambiente y los santuarios ecológicos nacionales. Santiago se ha ganado ese mérito porque ha desarrollado la Corporación de Aseo Municipal (CASA), pública y privada, con capacidad legal de impulsar este proceso.

Lo que nunca se hizo con los Ayuntamientos es concurrir con ellos en materia de Movilidad Urbana, en Tránsito, Transporte y Vialidad. Asegurar una organización sostenible del transporte de pasajeros y mercancías, y un tránsito eficiente, y entre otras funciones compartir la construcción y mantenimiento de las vías. En la otra seguimos.